En las elecciones parlamentarias previstas en Serbia para el 25 de octubre de 2026, los partidos políticos vuelven a destacar el número de mujeres entre sus candidaturas. Algunos se enorgullecen especialmente de que las mujeres sean mayoría en sus listas. Es un dato que merece atención, pero deja abierta la pregunta de hasta qué punto las candidatas participan en las decisiones de sus partidos y qué poder tendrán si resultan elegidas. Un informe de la OSCE sobre igualdad de género en la Asamblea Nacional de Serbia muestra por qué esta diferencia no puede reducirse a un porcentaje electoral.

En Tirana arden contenedores, se destrozan semáforos y los manifestantes se enfrentan a la policía. En las redes sociales, una parte del público recibe esas imágenes con entusiasmo. Hemos visto reacciones parecidas durante las protestas en Serbia y, el año pasado, también en Nepal. ¿De dónde viene la necesidad de considerar la violencia como prueba de que, por fin, algo está cambiando? ¿Y hasta qué punto estaríamos dispuestos a apoyarla si, en lugar de tener un teléfono en la mano, tuviéramos delante un cordón policial?

La Constitución garantiza la igualdad ante la ley, pero acudir a los tribunales puede suponer un gasto difícil de afrontar para alguien con ingresos medios. Los abogados, las tasas judiciales, los peritajes, los días de trabajo perdidos y los años de espera suelen determinar hasta qué punto una persona puede proteger realmente sus derechos. Serbia cuenta con un sistema de asistencia jurídica gratuita. El problema es que muchas personas ni siquiera saben que existe, mientras que algunas se enteran cuando ya es demasiado tarde.

Guerras, pobreza, violencia, discriminación, personas sin agua ni electricidad. Cada vez que ocurre algo que consideramos inaceptable, casi con seguridad alguien dice: «¿Cómo es posible que esto suceda en el siglo XXI?». Esa frase revela hasta qué punto nos hemos acostumbrado a creer en un progreso que supuestamente debería llegar por sí solo. Pero la historia no tiene ninguna obligación de mejorar simplemente porque haya cambiado la fecha.

La digitalización puede facilitar la vida, pero cuando las aplicaciones, las contraseñas y el acceso a Internet se convierten en requisitos implícitos para ejercer derechos, parte de la ciudadanía queda dependiendo de la ayuda de otros.