En junio de 2026, la Comisión de Quejas del Consejo de Prensa de Serbia examinó la cobertura de varios portales serbios sobre un sospechoso de asesinato. Uno de los titulares decía: «De policía respetado a ejecutor».
La Comisión consideró que algunos medios habían vulnerado la presunción de inocencia. Milena Vasić, miembro de la Comisión, advirtió de una consecuencia difícil de reparar: cuando suficientes medios etiquetan a alguien como asesino, una absolución posterior no puede borrar sin más lo que ya ha quedado instalado en la opinión pública.
La sentencia del público suele llegar antes que la del tribunal.
El nombre ha sido publicado. La fotografía circula por las redes. Aparecen supuestos detalles de la investigación. Los comentarios exigen cadena perpetua, linchamiento, despido, expulsión o algo peor. Alguien encuentra el perfil de la familia. Otra persona publica una dirección.
En cuestión de horas ya existe toda una historia sobre lo sucedido, quién es culpable y qué clase de persona debe ser quien ha sido señalado como autor.
Las pruebas todavía están por reunirse.
La Constitución de Serbia es bastante clara al respecto. El artículo 34 establece que toda persona se considera inocente hasta que su culpabilidad sea determinada mediante una decisión judicial firme. El Código de Periodistas de Serbia exige lo mismo a los medios y advierte expresamente sobre la posibilidad de falsas acusaciones y sobre la necesidad de identificar como tales las afirmaciones no demostradas.
La norma jurídica es más sencilla que el comportamiento humano.
Porque cuando ocurre algo terrible, una gran parte del público no pregunta primero ¿qué podemos demostrar?
Pregunta algo mucho más inmediato:
¿Quién va a pagar por esto?
La ira dicta sentencia mucho más rápido
El deseo de castigar tiene una profunda lógica psicológica.
El psicólogo John Darley describió en sus revisiones sobre la investigación del castigo la transgresión moral como un acontecimiento capaz de provocar en el observador una reacción intuitiva y emocionalmente cargada de indignación moral. Especialmente cuando el daño se percibe como intencionado, aumenta el deseo de represalia contra la persona considerada responsable.
Un amplio estudio publicado en 2024 en Scientific Reports, con datos de 56 sociedades, también mostró una fuerte relación entre las emociones y el apoyo al castigo social. Las personas que sentían más ira y repugnancia ante la violación de una norma social apoyaban con mayor frecuencia la confrontación y otras sanciones. La ira estaba especialmente vinculada al deseo de enfrentarse directamente al infractor.
Eso no significa que la ira sea irracional.
Si alguien ha sido asesinado, golpeado, violado, robado o gravemente maltratado, la ira es una reacción humana esperable. Una sociedad que no reaccionara ante la violencia sería igualmente problemática.
La dificultad aparece en el paso siguiente.
La emoción que nos dice que se ha cometido una injusticia puede convertirse con mucha facilidad en la convicción de que ya sabemos quién es culpable, por qué lo hizo y qué castigo merece.
Entre ambas cosas existe todo un proceso penal.
La incertidumbre resulta insoportable
Las primeras horas después de un delito grave suelen ser el peor momento posible para llegar a conclusiones fiables.
La información es incompleta. Los testigos pueden equivocarse. Los vídeos carecen de contexto. La policía dispone de algunas pruebas que todavía no son públicas. Los periodistas tienen fragmentos. En las redes sociales circulan rumores, nombres equivocados y fotografías de personas que quizá no tengan ninguna relación con el acontecimiento.
Precisamente entonces surge una enorme necesidad de dar al acontecimiento una estructura clara.
Un estudio publicado en 2023 en Personality and Individual Differences analizó la relación entre la necesidad psicológica de cierre cognitivo y las actitudes hacia el castigo. En una muestra de 505 personas en Italia, una mayor necesidad de encontrar rápidamente una respuesta estable en situaciones de incertidumbre estaba relacionada con actitudes más punitivas.
Una respuesta sencilla reduce el caos.
Hay un crimen.
Hay un criminal.
Hay un castigo.
El problema es que los casos reales suelen parecer mucho más complejos cuando se abren los expedientes.
Puede haber varios participantes. El primer sospechoso puede no ser el autor. Jurídicamente, el delito puede no ser lo que afirma el titular. El vídeo puede estar recortado. El testimonio inicial puede ser incorrecto. Detrás de la responsabilidad individual puede existir toda una cadena de fallos institucionales.
Todo eso requiere tiempo.
La ira no tiene el mismo plazo.
Las redes sociales hacen que la ira parezca mayor de lo que es
En internet aparece además un problema relacionado con la percepción de la mayoría.
Un estudio publicado en 2023 en Nature Human Behaviour mostró que los usuarios de las redes sociales sobreestiman sistemáticamente la cantidad de indignación moral que otras personas sienten realmente.
En experimentos y estudios del comportamiento en Twitter, los observadores dedujeron de las publicaciones que sus autores estaban más enfadados de lo que ellos mismos declaraban. El efecto era mayor entre quienes dependían más de las redes sociales para informarse sobre política. Esta sobreestimación también aumentaba la impresión de que los grupos sociales eran más hostiles y extremistas de lo que realmente eran.
Esto cambia la atmósfera en la que una persona forma su propio juicio.
Si abrimos los comentarios y vemos cientos de demandas de la pena más severa, es fácil concluir que existe un consenso social absoluto.
Cuando aparece una duda, puede llegar a parecer casi indecente.
«¿Cómo puedes defenderlo ahora?»
Es una de las formas más eficaces de cerrar una discusión.
Pedir pruebas comienza a interpretarse como una defensa del sospechoso. Insistir en el procedimiento parece una falta de empatía hacia la víctima. Incluso afirmar simplemente que todavía no sabemos qué ocurrió puede sonar como una toma de partido.
La posición moral empieza así a medirse por la cantidad de ira que una persona está dispuesta a mostrar públicamente.
Una investigación de 2025 mostró además que las personas pueden considerar más moral y digna de confianza a alguien que reacciona con ira ante una transgresión moral. En otras palabras, mostrar indignación públicamente también puede tener una recompensa social.
En ese entorno, la cautela resulta mucho menos atractiva que la condena.
Los medios tienen un culpable antes de que el tribunal tenga un caso
Los medios también determinan a partir de qué hechos construirá el público su imagen de lo ocurrido.
Una investigación experimental publicada en 2022 mostró que la forma en que se redacta una noticia sobre un delito puede modificar la valoración de los lectores sobre la culpabilidad y el castigo adecuado.
Resulta especialmente problemático introducir información con una fuerte carga moral o política aunque no sea determinante para establecer la responsabilidad penal.
Las redes sociales aceleran esta lógica. Un estudio con más de 900 estudiantes estadounidenses encontró una asociación entre el consumo de contenidos centrados específicamente en el castigo y actitudes más punitivas.
Los autores no afirmaron que cada uno de esos contenidos produzca directamente un deseo de castigar, pero el hallazgo muestra una relación entre el entorno mediático y la forma en que las personas imaginan la justicia.
Una investigación experimental aún más reciente, publicada en junio de 2026, mostró que incluso la manera de grabar un vídeo corto sobre un delito puede influir en las preferencias de castigo. El estudio es pequeño, con 60 participantes, por lo que sus resultados no deberían convertirse en una regla universal.
Aun así, muestra hasta qué punto la presentación de un acontecimiento puede formar parte de nuestro juicio moral sobre él.
Los medios sensacionalistas comprendieron esto hace mucho tiempo sin necesidad de leer estudios académicos.
«Sospechoso» es una palabra débil para un titular.
«Monstruo» funciona mejor.
El proceso judicial puede durar años. El titular necesita el clic ahora.
El castigo también es un producto político
La punitividad no se produce únicamente en los comentarios.
El político que después de un delito grave promete «la respuesta más dura del Estado» se encuentra en una posición mucho más cómoda que quien explica las competencias de la fiscalía, el estándar de prueba y los límites de su propia función.
El primero muestra fuerza.
El segundo habla de procedimiento.
Una investigación sobre retórica política y opinión pública en 26 países europeos, publicada en el British Journal of Criminology, encontró una relación entre la retórica política de «law and order» y la preferencia de los ciudadanos por castigos más severos.
Los autores concluyen que el marco político con el que se habla del delito puede influir en las preferencias punitivas del público.
Eso convierte la explotación política del miedo en una estrategia bastante racional.
Las causas complejas de la delincuencia caben mal en una declaración televisiva.
La falta de servicios sociales, la corrupción, un mal trabajo policial, la violencia doméstica que las instituciones no detectaron durante años, el acceso a armas o los fallos de escuelas y fiscalías exigen documentos, tiempo y responsabilidad de múltiples actores.
Un solo «monstruo» es mucho más sencillo de comunicar.
Y ahí aparece otro problema de la obsesión por la venganza individual: en ocasiones encaja perfectamente con el sistema.
Cuando toda la atención se dirige a cuántos años de prisión merece una sola persona, queda mucho menos espacio para preguntar qué precedió al delito y qué institución podría haber reaccionado antes.
¿Y si la gente no confía en los tribunales?
Sería demasiado sencillo calificar de primitivo todo deseo público de castigo inmediato.
A veces las personas se apresuran a dictar su propio veredicto precisamente porque no creen que las instituciones vayan a dictar ninguno.
En Serbia ese contexto no es secundario. En su Informe sobre el Estado de Derecho de 2026, la Comisión Europea indicó que solo el 36 % de los ciudadanos calificaba la independencia de tribunales y jueces como «bastante buena» o «muy buena».
Es un aumento respecto al 30 % de 2025, pero la Comisión sigue considerando baja la percepción ciudadana de la independencia judicial.
Cuando la gente ha vivido procesos prolongados, persecución selectiva o presiones políticas, resulta comprensible que disminuya su paciencia con la frase «dejemos que las instituciones hagan su trabajo».
La exigencia de rendición de cuentas puede entonces ser completamente legítima.
El público tiene derecho a preguntar por qué alguien no ha sido detenido, por qué una investigación está paralizada, por qué no se aseguraron las pruebas, quién ignoró denuncias anteriores y si el poder político está protegiendo a alguien.
Eso es precisamente lo que deben investigar los periodistas.
Pero la desconfianza en un sistema deficiente no convierte un comentario de Instagram en una investigación más fiable.
Solo puede crear un segundo tribunal, todavía menos transparente que el primero.
La presunción de inocencia también protege a quienes despreciamos
La presunción de inocencia suele volverse impopular precisamente cuando más se necesita.
Es fácil defenderla en teoría.
Es mucho más difícil cuando existe un vídeo, cuando la policía detiene a alguien, cuando se publican detalles horribles y cuando toda la sociedad exige un castigo.
Pero los derechos jurídicos que solo valen para los acusados que nos resultan simpáticos tienen muy poco valor.
La carga de la prueba existe porque la policía puede equivocarse.
Un fiscal puede equivocarse.
Un testigo puede mentir.
Un medio puede publicar información falsa.
Un vídeo puede interpretarse mal.
Una confesión puede ser problemática.
Una sentencia de primera instancia puede modificarse.
Por eso las normas europeas sobre la presunción de inocencia exigen expresamente que las autoridades públicas no presenten a una persona como culpable hasta que su culpabilidad haya sido establecida conforme a la ley y que la carga de la prueba permanezca en la acusación.
A comienzos de 2026, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó una vulneración de la presunción de inocencia en el asunto Kaya contra Bélgica, entre otras razones por declaraciones de un fiscal a los medios que podían llevar al público a creer que la persona era culpable mientras el procedimiento seguía abierto.
Eso demuestra la importancia de este límite incluso cuando habla un representante de una institución que conoce el caso.
En las redes sociales, ese límite prácticamente no existe.
La responsabilidad exige algo más que un culpable
Existe otra diferencia que los debates públicos pierden con frecuencia.
Castigo y responsabilidad no son lo mismo.
Una persona puede ser condenada sin que lleguemos a saber por qué el sistema permitió que la violencia se repitiera.
Un director puede ser despedido mientras el procedimiento que permitió el abuso permanece intacto.
Un policía puede terminar ante un tribunal mientras la cadena de mando queda fuera de la investigación.
Un agresor puede ser encarcelado mientras diez denuncias anteriores de su víctima siguen sin respuesta institucional.
La venganza queda satisfecha cuando alguien sufre.
Una determinación seria de responsabilidades debe establecer qué ocurrió, quién hizo qué, qué puede demostrarse, quién dejó de actuar y cómo impedir que el mismo mecanismo vuelva a repetirse.
Por eso los hechos son más lentos.
No llegan en un único vídeo viral.
A veces incluso destruyen la historia que ya habíamos decidido creer.
Una sociedad que produce sentencias más rápido que hechos puede obtener en cuestión de horas la sensación de que el caos vuelve a estar bajo control.
Al día siguiente siguen ahí preguntas mucho más difíciles:
¿Quién es realmente responsable?
¿Qué puede demostrarse?
¿Por qué el sistema no funcionó cuando todavía podía haber evitado el daño?
La ira no tiene respuesta para esas preguntas.
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