Algunos ciudadanos de Serbia dejaron pasar el plazo para recurrir una decisión relacionada con sus derechos sociales porque no sabían que tenían derecho a recibir asistencia jurídica gratuita o porque no consiguieron acceder a ella. La Iniciativa A 11 llamó la atención sobre estos casos y la Comisionada para la Protección de la Igualdad los mencionó en una recomendación oficial dirigida a las administraciones locales en junio de 2025.
Imaginemos lo que esto significa en la práctica. Una persona intenta obtener una prestación social porque no tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas. Recibe una decisión desfavorable. Para recurrirla, tiene que comprender qué dice el documento, qué plazo debe cumplir, a quién dirigirse y cómo fundamentar su recurso. Si comete un error o se retrasa, las consecuencias pueden ser graves.
Para alguien que conoce la ley, se trata de un procedimiento administrativo. Para una persona que se enfrenta por primera vez al sistema jurídico, puede ser un documento de varias páginas escrito en un lenguaje que apenas comprende.
Llegamos entonces a una pregunta que rara vez planteamos cuando hablamos de derechos humanos: ¿cuánto valen realmente nuestros derechos si no tenemos dinero, conocimientos o ayuda para protegerlos?
En teoría, todos somos iguales ante la ley. En la práctica, las personas entran en los tribunales desde posiciones muy distintas. Una llega con un equipo de abogados; otra, con documentos que ha intentado preparar por su cuenta. Una puede financiar un procedimiento durante años, mientras la otra ya está pensando desde el principio en cómo pagará una tasa judicial o cómo afrontará la pérdida de un día de trabajo.
Ambas tienen derecho a solicitar protección judicial.
Pero sus posibilidades de ejercer ese derecho no son iguales.
Cuando eres demasiado pobre para pagar un abogado
El artículo 67 de la Constitución de Serbia garantiza el derecho a la asistencia jurídica. Desde octubre de 2019 también se aplica la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que establece que determinadas categorías de ciudadanos pueden recibir asesoramiento jurídico, ayuda para redactar escritos, representación o defensa sin pagar honorarios.
El derecho abarca principalmente a las personas que cumplen los requisitos para recibir asistencia social económica o prestaciones por hijos, así como a quienes, por pagar asistencia jurídica, pasarían a encontrarse en una situación de necesidad material similar. La ley también establece supuestos específicos para determinados grupos, incluidos los niños en los procedimientos previstos, las víctimas de violencia doméstica que solicitan protección jurídica, las personas con discapacidad, los solicitantes de asilo y las personas afectadas por desalojos forzosos. La asistencia no está disponible automáticamente para cualquier tipo de conflicto.
Sobre el papel, se trata de un mecanismo importante.
En realidad, existe un grupo de personas del que se habla mucho menos. Trabajan, reciben algún salario y, a veces, tienen propiedades, pero simplemente no disponen de suficiente dinero para iniciar y sostener un procedimiento judicial. Algunas pueden cumplir los requisitos legales porque los costes de la asistencia jurídica las llevarían a una situación de vulnerabilidad económica. Otras quedan fuera de los criterios establecidos, aunque contratar a un abogado alteraría gravemente su presupuesto familiar.
Este es el punto en el que la desigualdad económica se convierte en desigualdad jurídica.
Un trabajador que considera que ha sido despedido ilegalmente puede enfrentarse a un empleador que dispone de dinero para financiar su representación legal. Una inquilina que cuestiona la actuación de su propietario tiene que decidir por sí misma si intentará proteger su derecho. Una persona que cree haber sufrido discriminación puede renunciar porque no sabe cómo demostrarla y teme los costes de perder el procedimiento.
Por supuesto, no es necesario contar con un abogado en todos los procedimientos. Existen mecanismos jurídicos más sencillos y, en ciertos casos, los ciudadanos pueden realizar actuaciones jurídicas por su cuenta. Sin embargo, la posibilidad formal de representarse a uno mismo sirve de poco cuando el asunto es complicado y la otra parte dispone de recursos considerablemente mayores.
Ya en 1979, en el caso Airey contra Irlanda, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que a una mujer que no podía pagar un abogado se le había negado en la práctica el acceso a un tribunal debido a la complejidad de un procedimiento de separación judicial. El Tribunal no estableció un derecho general a un abogado gratuito en todos los litigios civiles. Determinó que, en determinadas circunstancias, el Estado debe garantizar un acceso efectivo a los tribunales, lo que puede exigir asistencia jurídica.
Esa diferencia entre un derecho formal y su accesibilidad real sigue siendo una de las cuestiones centrales de los derechos humanos.
Un sistema que existe, pero al que resulta difícil acceder
Un dato publicado en 2025 por la Comisionada para la Protección de la Igualdad muestra hasta qué punto es accesible realmente la asistencia jurídica gratuita. Según el informe del Ministerio de Justicia correspondiente a 2023, en 84 de los 202 municipios y ciudades registrados no se presentó ni una sola solicitud de asistencia jurídica gratuita. Estos registros incluyen también unidades de administración local en Kosovo.
Esto no demuestra por sí solo que nadie necesitara asistencia jurídica en esos lugares. Es mucho más probable que el número de solicitudes no refleje todas las necesidades reales de la población. Por eso, la Comisionada recomendó a las administraciones locales crear servicios donde no existan e informar mejor a los ciudadanos sobre sus derechos.
En mayo de 2026, Dragiša Ćalić, del Comité de Juristas por los Derechos Humanos YUCOM, advirtió que, incluso siete años después del comienzo de la aplicación de la ley, seguían contactando con la organización personas que tenían derecho a recibir asistencia jurídica gratuita, pero no sabían que podían obtenerla. También señaló los problemas financieros de las administraciones locales, la capacidad insuficiente de los servicios y el hecho de que, durante los primeros años, sólo se había utilizado una pequeña parte de los fondos asignados.
Aquí aparece una grave paradoja institucional.
El Estado establece un derecho para ayudar a las personas que carecen de medios para obtener protección jurídica. Después, el acceso a ese derecho depende de lo bien que funcione la administración local, de lo informados que estén los ciudadanos y de si el municipio cuenta con suficientes empleados y recursos económicos.
La persona que más necesita ayuda suele ser precisamente la que tiene menos posibilidades de investigar procedimientos, recorrer instituciones o esperar a que estas se coordinen entre sí.
En su informe sobre Serbia de 2025, la Comisión Europea también advirtió sobre la necesidad de aumentar el apoyo financiero a nivel estatal, fortalecer la capacidad de las administraciones locales para resolver las solicitudes y mejorar el acceso a la justicia de las mujeres que sufren violencia y discriminación por motivos de género.
Por tanto, el problema está suficientemente documentado como para que ya no pueda explicarse únicamente por la falta de información de las personas.
La responsabilidad también corresponde a las instituciones obligadas a hacer accesible el sistema.
La pobreza como obstáculo para la justicia
El dinero también influye en algo mucho más difícil de medir: la disposición de una persona a intentar siquiera defender su derecho.
Si espera que el procedimiento la agote económicamente, es posible que ni siquiera presente una demanda. Si depende del salario que le paga su empleador, puede temer iniciar un litigio. Si ya tiene deudas, el coste de la protección jurídica puede parecer otro riesgo que no puede permitirse asumir.
A veces, la otra parte ni siquiera necesita ganar en los tribunales. Le basta con saber que su adversario no puede resistir fácilmente un procedimiento largo.
Esto resulta especialmente problemático cuando una persona se enfrenta al Estado, a una gran empresa o a una institución que dispone de un departamento jurídico permanente. En ese caso, el dinero no sirve únicamente para pagar abogados. También proporciona tiempo, conocimientos especializados, preparación y capacidad para continuar el procedimiento.
Una persona con recursos económicos limitados tiene que pensar en cada nuevo gasto.
Incluso cuando obtiene asistencia jurídica gratuita, es necesario distinguir los gastos de representación por un abogado de otros posibles costes del procedimiento. La asistencia jurídica gratuita no implica automáticamente estar exento de todas las tasas judiciales y demás gastos. Para algunos de ellos existen normas y mecanismos de exención específicos.
Por eso, no podemos medir el acceso a la justicia únicamente por el número de abogados inscritos en un registro o por la cantidad de solicitudes aprobadas. Debemos saber si las personas consiguieron iniciar sus procedimientos, si recibieron a tiempo la ayuda adecuada y si la carga económica las obligó a abandonar.
De lo contrario, podemos tener un sistema administrativamente ordenado que deja fuera precisamente a las personas para las que fue creado.
Entonces, ¿cuánto valen los derechos humanos?
Los derechos humanos no pierden su fuerza jurídica porque alguien no tenga dinero. Le pertenecen independientemente de su situación económica.
Pero entre tener un derecho y poder ejercerlo existe toda una serie de obstáculos prácticos.
Cuando hablamos de derechos humanos, a menudo mencionamos convenciones internacionales, garantías constitucionales y leyes. Con mucha menos frecuencia hablamos de personas que no tienen dinero para iniciar un procedimiento, que no comprenden una comunicación oficial o que pierden su derecho a recurrir mientras intentan encontrar a alguien que pueda ayudarlas.
Por eso, el acceso a la justicia no puede depender únicamente de lo bien redactada que esté una ley. También depende de si una persona común, sin contactos, formación jurídica ni ahorros importantes, puede enfrentarse a quien ha vulnerado su derecho.
La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita establece que la solicitud se presenta ante la administración municipal o de la ciudad competente, por escrito, oralmente para que conste en acta o por medios electrónicos. No se cobra ninguna tasa por la solicitud. El plazo ordinario para resolverla es de ocho días y, en los casos urgentes en los que exista riesgo de un daño irreparable o de vencimiento de un plazo procesal, de tres días. Contra la denegación de la solicitud existe el derecho a recurrir ante el Ministerio de Justicia.
Es información importante que todos los ciudadanos deberían conocer, especialmente quienes viven en el umbral de la pobreza.
Porque hay algo profundamente equivocado en una sociedad en la que una persona tiene que conocer el derecho para descubrir que tiene derecho a recibir asistencia jurídica gratuita.
Y hay algo todavía más peligroso en un sistema en el que una persona rica puede defender sus intereses durante años, mientras una persona pobre abandona antes incluso de que se haya examinado su caso.
La justicia no tiene que ser gratuita en todos sus aspectos para resultar accesible. Pero si el precio de obtenerla determina quién puede luchar por sus derechos, la igualdad ante la ley sigue siendo una promesa que algunas personas no pueden permitirse.
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