Se supone que la democracia significa que el pueblo tiene el poder. Votamos, elegimos a nuestros representantes y confiamos en que tomen decisiones en nuestro nombre. Al menos, así es como debería funcionar. Pero ¿qué ocurre cuando las personas elegidas para servirnos empiezan a actuar como si fueran dueñas del país? ¿Qué sucede cuando quienes deberían representarnos dejan de escucharnos y las mismas personas que les dieron el poder comienzan a sentirse impotentes?
Nos dicen constantemente que vivimos en una democracia, como si la propia palabra bastara para demostrarlo. Hay elecciones, partidos políticos, constituciones y leyes que garantizan nuestros derechos. Sobre el papel, todo parece estar en orden. Pero la democracia no puede medirse por lo que promete una constitución ni por lo que dicen los políticos en sus discursos. Debe medirse por lo que las personas experimentan realmente.
¿Somos verdaderamente libres si no podemos alzar la voz contra la injusticia? ¿De qué sirve tener derecho a protestar si nuestras reivindicaciones pueden ser simplemente ignoradas? ¿Y qué dice de un gobierno el hecho de que las personas que lo eligieron tengan que luchar sólo para conseguir que se escuche su voz?
Quizá la mayor ilusión de la democracia sea creer que tener derecho a elegir a nuestros dirigentes significa que controlamos lo que hacen una vez que llegan al poder.
Unas elecciones nunca deberían considerarse un cheque en blanco. Ganarlas no convierte al país en propiedad de un partido político, ni significa que todo lo que hagan después sus dirigentes deba aceptarse sin cuestionamientos. Un gobierno es elegido para servir al pueblo, no al revés. Sin embargo, en algún momento esa relación puede empezar a invertirse. Los políticos comienzan a comportarse como si el país les perteneciera, mientras se espera que los ciudadanos permanezcan al margen y acepten todas las decisiones tomadas en su nombre.
Es ahí donde la democracia empieza a parecerse más a una ilusión que a una realidad. Las instituciones siguen existiendo, las elecciones continúan celebrándose y los discursos sobre la libertad no se detienen. Pero si la gente corriente siente que no tiene ninguna influencia real sobre las decisiones que afectan a su vida, ¿en qué está participando exactamente?
Un país puede llamarse democrático y, aun así, hacer que sus ciudadanos se sientan impotentes. Puede concederles la libertad de discrepar y asegurarse al mismo tiempo de que su desacuerdo no tenga consecuencias. Puede permitir las protestas mientras se niega a tomar en serio a quienes protestan. Y puede hablar interminablemente de la voluntad del pueblo mientras actúa como si esa voluntad sólo importara cuando coincide con la del gobierno.
Una democracia que no puede tolerar la protesta pacífica es una democracia sólo de nombre.
Si el pueblo es la fuente del poder político, ¿por qué su voz debería convertirse en un problema cuando cuestiona a quienes gobiernan?
Si un gobierno representa verdaderamente a sus ciudadanos, ¿por qué debería temer que se reúnan en las calles para exigir respuestas?
La protesta no es un ataque contra la democracia. Es una de las formas en que funciona. Las personas no pierden sus derechos después de unas elecciones y no se convierten en enemigas de su país simplemente porque discrepen de su gobierno. El derecho a protestar no puede depender de si a quienes están en el poder les gusta lo que se está diciendo.
La verdadera prueba de la democracia no consiste en saber si las personas son libres de apoyar a su gobierno. Consiste en saber si son igualmente libres de oponerse a él.
Esto es lo que hace especialmente interesantes las protestas estudiantiles. Los estudiantes, como otros ciudadanos, rara vez poseen la influencia política, el dinero o el poder institucional del que disponen los políticos establecidos. No son quienes toman las decisiones que dan forma al país. Sin embargo, a menudo se encuentran entre las personas más dispuestas a cuestionar esas decisiones y exigir que alguien asuma la responsabilidad por ellas.
Cuando los estudiantes salen a las calles, cuestionan algo más que a un gobierno. Cuestionan la idea de que los ciudadanos corrientes deban aceptar todo lo que les sucede, de que la política deba dejarse en manos de los políticos profesionales y de que los jóvenes deban esperar en silencio un futuro que se decide sin ellos.
Hay algo profundamente inquietante en un gobierno que ve a sus propios ciudadanos protestar pacíficamente y reacciona como si ellos fueran el problema. Un gobierno seguro de su legitimidad debería poder escuchar las críticas sin tratarlas como una amenaza. Debería ser capaz de responder a las preguntas, explicar sus decisiones y reconocer cuando se equivoca.
Por supuesto, no todos los manifestantes tienen razón automáticamente y ningún movimiento debería estar por encima de la crítica. Pero ésa es precisamente la cuestión. En una democracia, las personas deberían poder expresar abiertamente sus desacuerdos, cuestionarse unas a otras y desafiar a quienes están en el poder sin verse obligadas a temer las consecuencias.
Y criticar a un gobierno no significa traicionar al propio país. A veces significa preocuparse tanto por él que uno se niega a aceptar que las cosas no puedan mejorar.
Un gobierno es temporal. Un país pertenece a las personas que viven en él, trabajan en él, crían allí a sus hijos y tendrán que convivir con las consecuencias de las decisiones que se toman hoy. Ningún partido político, por mucho tiempo que lleve en el poder, debería confundir jamás sus propios intereses con los de la nación.
Sin embargo, eso es exactamente lo que puede ocurrir cuando el poder se concentra en demasiado pocas manos.
Ningún individuo, partido político o gobierno debería volverse tan poderoso que empiece a creerse invencible. El problema no es simplemente que las personas poderosas puedan tomar malas decisiones. Todo el mundo se equivoca. El verdadero problema comienza cuando alcanzan una posición en la que ya no sienten la necesidad de responder por esos errores.
Cuando los políticos creen que las críticas no les afectarán, que las instituciones no podrán cuestionarlos y que el público terminará por rendirse y seguir adelante, la rendición de cuentas pierde su significado. El poder deja de ser una responsabilidad y empieza a parecer un privilegio. Las personas encargadas de gobernar el país comienzan a actuar como si estuvieran por encima de aquellos a quienes representan.
Y eso es peligroso para cualquier democracia.
Nadie es lo suficientemente sabio como para merecer un poder ilimitado. Ningún partido político es lo suficientemente bueno como para quedar libre de supervisión. No debería confiarse en ningún gobierno de manera tan absoluta que ya no tenga que responder por sus actos. Por eso importan las instituciones independientes, el Estado de derecho, la libertad de expresión y el derecho a protestar. Existen porque el poder necesita límites, independientemente de quién lo ejerza.
La democracia no puede depender de que los políticos sean buenas personas. Debe funcionar incluso cuando quienes están en el poder no quieren ser cuestionados.
Pero este problema tiene otra cara. Un gobierno puede acostumbrarse a tener demasiado poder, pero las personas también pueden acostumbrarse a tener demasiado poco.
Cuando la gente pasa suficiente tiempo sintiéndose ignorada, acaba por no esperar nada. Deja de creer que alzar la voz pueda cambiar las cosas. Se acostumbra a la decepción, se convence de que nada cambiará y empieza a tratar el poder político como algo que pertenece a otros.
Aquí es donde 1984, de George Orwell, cobra especial relevancia. Orwell escribe:
«Hasta que no tomen conciencia, nunca se rebelarán; y hasta que no se hayan rebelado, no podrán tomar conciencia».
La idea detrás de estas palabras es sencilla, pero inquietante. Las personas necesitan reconocer su propio poder antes de poder desafiar a quienes lo poseen. Al mismo tiempo, muchas veces es precisamente al desafiar a la autoridad cuando empiezan a comprender cuánto poder tienen realmente.
Las personas pueden vivir durante años creyendo que las cosas son como son porque no pueden ser de otra manera. Pueden observar cómo se repiten los mismos problemas, escuchar las mismas promesas y acostumbrarse tanto a la decepción que dejan de esperar algo diferente. Con el tiempo, la resignación empieza a parecer sentido común. La gente se dice a sí misma que nada cambiará, que quienes están en el poder siempre permanecerán en él y que apenas merece la pena intentarlo.
Pero existe una diferencia entre aceptar la realidad y aceptar que esa realidad nunca puede cambiar.
Cuando las personas creen que no tienen poder, es menos probable que actúen. Y cuando no actúan, quienes detentan el poder tienen aún menos motivos para escucharlas. El ciclo continúa hasta que alguien lo rompe.
A veces ese momento comienza con una constatación sencilla: otras personas sienten lo mismo. Alguien que creía estar solo descubre que miles comparten su frustración. Las personas que pensaban que sus voces eran insignificantes escuchan esas mismas voces surgir de toda una multitud. Y, de pronto, lo que antes parecía imposible deja de parecer tan imposible.
Un ejemplo sería la primera protesta en la plaza Slavija, el 22 de diciembre de 2024, en torno al solsticio de invierno. Aquella concentración marcó el comienzo de una época de despertar rebelde, al mismo tiempo profundamente envuelta en el duelo por las dieciséis personas que perdieron la vida en Novi Sad a causa del derrumbe de la marquesina de la estación.
Ésta es una de las cosas que hacen tan poderosas las protestas. Pueden transformar la frustración privada en acción pública. Pueden recordarles a las personas que no están solas y que el futuro de su país no tiene por qué ser decidido enteramente por quienes ya ocupan el poder.
Por supuesto, la acción colectiva no garantiza el éxito y una multitud no tiene automáticamente razón sólo porque sea numerosa. La voluntad de la mayoría no puede justificar que se prive a otros de sus derechos. Pero una sociedad en la que las personas tienen demasiado miedo o están demasiado desanimadas para cuestionar a sus dirigentes difícilmente puede ser una sociedad en la que el poder rinda cuentas de verdad.
La cuestión no es sustituir a un grupo de intocables por otro. Se trata de garantizar que nadie llegue a ser intocable.
Eso nos devuelve a un principio fundamental que parece olvidarse con demasiada facilidad: el gobierno debería temer las consecuencias de traicionar la confianza pública, no porque el pueblo busque venganza, sino porque nadie debería estar por encima de la obligación de rendir cuentas.
Los políticos deberían saber que la deshonestidad tiene consecuencias, que los abusos de poder deben investigarse y que perder la confianza de los ciudadanos importa. Deberían comprender que sus cargos son temporales y que la autoridad que ejercen no les pertenece para siempre.
Los ciudadanos, por su parte, no deberían tener miedo de hablar abiertamente, asistir a protestas pacíficas, criticar a los funcionarios públicos o exigir que las instituciones cumplan con su trabajo. No deberían tener que preguntarse si ejercer sus derechos los convertirá en enemigos de quienes los gobiernan.
Así debería ser la relación entre un gobierno y su pueblo. No una relación construida sobre el miedo y la obediencia, sino sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas.
El gobierno tiene el poder de tomar decisiones, pero el pueblo tiene derecho a cuestionarlas. El gobierno tiene autoridad para gobernar, pero esa autoridad tiene límites. Y nunca debería permitirse que un partido político, por mucho poder que acumule, olvide de dónde procede ese poder.
El Estado no pertenece al gobierno. El país no pertenece a un partido político. Y los ciudadanos no son simplemente un público del que se espera que observe desde las gradas mientras un pequeño grupo decide cómo será su futuro.
Quizá la democracia siempre conlleve el riesgo de convertirse en una ilusión. La distancia entre lo que promete y lo que ofrece puede ser considerable. Pero precisamente por eso las personas no pueden permitirse volverse pasivas. La democracia no es algo que pueda garantizarse una vez y darse por sentado para siempre. Depende de ciudadanos que sigan dispuestos a cuestionar, participar y exigir algo mejor.
Las protestas nos recuerdan esa responsabilidad. Nos recuerdan que las personas no están obligadas a aceptar el mundo tal como lo encuentran y que cuestionar a quienes ejercen el poder no es un acto de deslealtad. Nos recuerdan que la democracia significa muy poco si sólo se permite participar a la gente cuando su participación resulta conveniente para quienes gobiernan.
Y, sobre todo, nos recuerdan que ningún gobierno es tan poderoso como puede parecer cuando las personas a las que gobierna dejan de creer que es invencible.
Un gobierno nunca debe acomodarse tanto en el poder que deje de escuchar, sentirse tan seguro de su posición que descarte las críticas ni volverse tan arrogante que confunda el derecho de los ciudadanos a protestar con una amenaza a su propia existencia. El momento en que quienes están en el poder empiezan a creer que nadie puede cuestionarlos es precisamente aquel en el que los ciudadanos tienen más razones para hacerlo.
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